En un gesto hacia el contribuyente desencantado y el ahorrista esquivo, el gobierno de Javier Milei presentó el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”. Un nombre ambicioso para una reforma que busca, por un lado, inyectar a la economía local los dólares fuera del sistema, y por el otro, desmantelar la red de vigilancia fiscal construida durante las últimas dos décadas, especialmente, durante las gestiones kirchneristas.
Con una introducción repleta de chicanas (maniobras) a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, la estrategia fue presentada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
“Tus dólares, tu decisión”, resumió Adorni, en una sutil burla a la frase de las mujeres utilizada durante las campañas del aborto legal (“Mi cuerpo, mi decisión”).
La administración libertaria estima que los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares fuera del circuito financiero formal, ya sea en cajas de seguridad, propiedades, bóvedas privadas o directamente “bajo el colchón”. Con ese dato como norte, Milei apuesta a crear condiciones de confianza para que ese dinero vuelva a circular.
Según el ministro de Economía, el elevado nivel de informalidad en la economía argentina —”en negro”— se explica por dos causas centrales: el exceso de impuestos y de regulaciones. Dijo que ahora se busca darle a la gente “la libertad de manejar sus ahorros”.
Entonces, el Estado tiene que “volver a confiar en la gente para recuperar la confianza” y así lograr “que el dinero circule libremente”: “Hay que dejar de tratar a la gente como criminales por default”.
Más allá de ciertas críticas por no investigarse el origen de los fondos, el propio Milei había sido claro con su plan al ser consultado en una entrevista televisiva: “Si usted se quiere comprar una casa de USD 200.000 con los crocantes, va y lo paga y nadie le tiene que preguntar nada”.
Adiós al “Gran Hermano” tributario en Argentina
El plan oficial tiene dos fases: una inmediata, vía decreto presidencial; y otra que requerirá proyecto de ley para blindar sus efectos frente a futuros gobiernos, según definió el Gobierno. El Ejecutivo enviará una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario.
La primera etapa implica un desmonte sistemático de los regímenes informativos que durante años alimentaron las bases de datos de la tan denostada AFIP (rebautizada como ARCA en la época mileísta).
“Llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado —cual Gran Hermano— controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo. Bajo esta triste realidad, normalizamos prácticas ridículas, como que el Estado obliga a los bancos, por ejemplo, a informar todas las extracciones de efectivo que se hicieran y obliga a los comercios a informar compras de cualquier tipo”, dijo Adorni en la conferencia.
“La voracidad fiscal de los políticos nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por cometer delitos imperdonables, como llenar el carrito en el supermercado o comprarse una licuadora”, añadió.
Para tener una idea rápida de algunos controversiales controles que estaban vigentes. Las compras de consumidor final eran reportadas a ARCA cuando superaban los AR $250.000 (217 dólares o $204.000 chilenos). Ahora ese monto pasará a ser de AR $10.000.000 (8.700 dólares o $8.173.000 chilenos).
Entre las medidas definidas por el gobierno de Milei:
● Las compras con tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales ya no serán reportadas a las autoridades.
● Los escribanos dejarán de informar operaciones notariales mensuales.
● Consumos de luz, gas, agua y telefonía tampoco serán más compartidos con el fisco.
● Los concesionarios de autos usados ya no tendrán que declarar ventas.
● Las administradoras de consorcios ya no informarán pagos de expensas.
● Se elimina la obligatoriedad de reportar la venta de inmuebles.
● Se prohíbe a los bancos pedir declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para operar.
Topes elevados para transferencias, pagos y operaciones bancarias
En una Argentina donde los controles cruzados eran pan de cada día, el nuevo esquema reconfigura los límites de lo que se considera relevante. Por ejemplo:
● Transferencias bancarias: el piso sube de AR $1 millón a AR $50 millones (personas físicas) y AR $30 millones (jurídicas).
● Extracciones en efectivo: sólo se informarán desde AR $10 millones (antes, se registraban desde cero).
● Saldos mensuales: salta de entre AR $700.000 y AR $1 millón a un mínimo de AR $50 millones.
● Plazos fijos: el umbral pasa de AR $1 millón a AR $100 millones.
● Operaciones en billeteras virtuales: se eleva de AR $2 millones a AR $50 millones.
● Tenencias en Alycs: se informarán recién desde AR $100 millones.
● En paralelo, las compras del consumidor final se reportarán sólo si superan los AR $10 millones, sin importar el medio de pago. Un guiño directo al comercio informal de alto ticket.
El anuncio también trajo un cambio para los contribuyentes. Se eliminará el régimen tradicional del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y se lo reemplazará por un sistema basado en facturación y gastos deducibles, con carga de datos automatizada.
Lo más importante del asunto: ya no será obligatorio informar consumos personales y variaciones patrimoniales.
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