Señor Director:
1. El reciente artículo publicado en la Columna de Opinión del portal de noticias en línea BioBioChile.cl el pasado Martes 13 mayo de 2025, titulado, “Comisión para la paz y el entendimiento, ¿Qué hacemos ahora?”, de autoría de uno de los actuales miembros del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas (Chile), ha suscitado una profunda preocupación para la organización “Images for Inclusion Inc”, ONG con Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social -ECOSOC- de Naciones Unidas.
2. Las declaraciones y la trayectoria del miembro del Foro, nominado también para el periodo 2026–2028 por el Gobierno del presidente Gabriel Boric y previamente para el periodo 2023-2025 por el Gobierno del Presidente Sebastian Piñera –sin haber sido nominado por los propios Pueblos Indígenas–, del Sr. Rodrigo Paillalef Monnard, con relación al informe de la Comisión para la Paz y el entendimiento (CPPyE) en Chile, levantan serias interrogantes sobre su legitimidad y su compromiso real con los derechos y las aspiraciones de los Pueblos Indígenas.
3. Esta situación genera inquietud, ya que la intervención del señor Paillalef Monnard, en representación del Foro Permanente, es una intromisión en asuntos internos. Esto se debe a que el Foro Permanente no cuenta con un mandato ni ha recibido una invitación para actuar en Chile, ni por parte del Gobierno ni por los Pueblos Indígenas.
4. Es crucial recordar que los Pueblos Indígenas se dividen en siete regiones socio culturales, quienes tienen en común la continuidad histórica con una región determinada antes de la colonización y un fuerte vínculo con sus tierras, territorios y recursos. La representación en Foros internacionales debe emanar genuinamente de estos Pueblos Indígenas, garantizando que sus voces y perspectivas sean el pilar fundamental de cualquier discusión o decisión que les concierna.
5. Según consta, el Sr. Rodrigo Paillalef Monnard, miembro del Foro Permanente, ha afirmado que la experiencia de una economía verde, refiriéndose específicamente a la extracción de litio, ha sido una experiencia exitosa para los Pueblos Indígenas, como lo hizo en una reunión de expertos en la Universidad de Boulder Colorado el 23 de enero del 2024. El Sr. Paillalef Monnard tiene una postura proempresarial que va en contra de los derechos de los Pueblos Indígenas con relación al robo y saqueo de sus tierras, territorios y recursos.
6. Esta visión fue directamente interpelada por el entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, quien compartió un mensaje recibido desde el norte de Chile y explicando que no quería entrar en contradicción con nadie, que solo quería leer el mensaje. El cual decía, “Un acto de mala fe” que afecta a un territorio indígena de manera irreversible. Son grupos de indígenas que firman un acuerdo de voluntad sin consulta a sus socios ni una consulta a todo el Pueblo Atacameño. Estoy triste, ayer supimos de esta noticia. Cómo este grupo de indígenas se sigue enriqueciendo y tiene abogados para asegurar su permanencia y sus arreglos de mala fe, discriminando a un 60% de la totalidad del Pueblo Atacameño.” El mensaje claramente alertaba sobre acuerdos firmados, enriqueciendo a unos pocos y discriminando a la mayoría.
7. También en ocasión, el ex Relator Especial se refirió a que está a favor del desarrollo, “pero también un desarrollo fundamentado sobre la base del respeto a los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas”, e indicó, “Hay muchos indígenas que se están prestando a asesorar a las empresas privadas para que los Pueblos Indígenas digan sí a las consultas”. Eso es lo que tenemos que revisar también, “cómo estamos actuando nosotros los Pueblos Indígenas”, y “cómo estamos viendo ese cambio a la energía renovable”, mostrando bastante preoucpación.
8. La postura del actual Miembro del Foro contrasta también con intervenciones hechas en el Foro Permanente el mes pasado donde se habló de la cantidad significativa de comunidades indígenas que quedaron fuera de esta negociación. Rosa Ramos Coque, del Desierto de San Pedro de Atacama y representante de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, denunció, “la expansión desmedida de la minería de minerales críticos, como el litio, el cobre, sin el consentimiento debido, consultas unilaterales y sin respeto por nuestros derechos fundamentales y colectivos. En la urgencia de enfrentar la crisis climática, la transición energética ha sido impulsada aceleradamente, dejando paradojas en la implementación del Acuerdo de París, las inversiones internacionales siguen financiando proyectos extractivos que violan nuestros derechos, contaminan y evaporan las aguas, fragmentan nuestras comunidades y transforman nuestros territorios en zonas de sacrificio, destruyendo ecosistema en un corto plazo”.
Rosa también ha planteado que “el código del agua en Chile, no reconoce las salmueras como agua, porque excede la salinidad que la puede consumir un humano, pero no considera la vida microbiota como artemias salinas y otros microorganismos que viven en esas salmueras y es el alimento de los flamencos y que para producir litio se evaporan esas salmueras por el sol en 6 a 8 meses esas piscinas gigantes en el salar se evaporan y ahí puede sacar el carbonato de litio”. Por tanto, “se debe reconocer la morada ancestral de los Pueblos Indígenas que es agua para nosotros más aún a pesar de estar tan salado hay vegetación y microorganismos y aves”.
9. El informe final de la CPPyE ha generado críticas significativas respecto al proceso llevado a cabo por el Gobierno de Chile. Se considera que este proceso es insuficiente en lo que concierne al derecho a la consulta y participación de los Pueblos Indígenas. La principal objeción radica en que no se cumplió con una consulta significativa que respetara el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de estos Pueblos. En consecuencia, el contenido del informe, especialmente en la parte que se aplicaría en sus territorios, carece de representatividad de todos los actores involucrados.
10. Esto nos lleva directamente al análisis del artículo “Comisión para la paz y el entendimiento, ¿Qué hacemos ahora?”. La afirmación del miembro del Foro de que “gran parte del mundo mapuche vuelve a poner su esperanza en el Estado,” – reconociendo el derecho a opinar– resulta, cuanto menos, cuestionable. Presentar esta afirmación como un hecho consumado, sin que medie una consulta libre, previa e informada al Pueblo Mapuche, favorece una perspectiva estatal históricamente priorizada, ignorando el derecho fundamental a la Consulta libre, previa e informada de los Pueblos Indígenas en todos los asuntos que les afectan.
11. Igualmente preocupante es la recomendación emitida en la Versión Avanzada Sin Editar del Borrador del Informe del Foro Permanente, justo cuando se anunciaba el acuerdo de la CPPyE (el informe final de la CPPyE tardó cinco días en presentarse formalmente al presidente de Chile y ponerse a disposición del público en el sitio web del Gobierno). Si bien su contenido se desconocía hasta el 6 de mayo, la Versión Avanzada Sin Editar (E/C.19/2025/L.8), fechada el 1 de mayo de 2025, en sus recomendaciones a los Estados Miembros, en el párrafo 10, establecía que el Foro “toma nota de los esfuerzos de Chile para promover los derechos de los Pueblos Indígenas a través de la Comisión para la Paz y el Entendimiento” e “invita a Chile a implementar el acuerdo recientemente alcanzado mediante la adopción de la legislación y las políticas públicas necesarias, instando a Chile a “reproducir estos avances positivos con otros pueblos indígenas en su territorio y a presentar los avances en el 25º período de sesiones del Foro”. Como organización no pudimos hacer una observación apropiada sobre éste con los miembros del Foro ya que nadie contaba con acceso ni al Resumen Ejecutivo ni al Informe Final de la CPPyE.
12. La omisión en esta recomendación, que obliga a Chile implementar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC), con antelación, durante y después, es alarmante. La consulta no solo implica ser informado, sino también tener la capacidad de estar de acuerdo o no con las recomendaciones. Resulta peligroso que el Foro adopte un aparente intervencionismo interno sin que los Pueblos Indígenas lo hayan solicitado. Si bien el mandato del Foro es brindar asesoramiento especializado y recomendaciones al Consejo Económico y Social (ECOSOC), su mandato también es promover el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, así como supervisar su eficacia, crear conciencia, difundir información y facilitar el diálogo, esto no le da derecho a actuar sin consultar a quienes el Foro representa.
13. Es fundamental otorgar un tiempo apropiado para que los Pueblos Indígenas puedan acceder, leer y analizar los acuerdos alcanzados y propuestas elaboradas en el informe final de la CPPyE, el cual tiene 115 páginas, que contienen las 21 recomendaciones, presentadas recientemente al Presidente de Chile. Se debe crear un mecanismo de participación significativa y eficaz tanto para el acceso a la información contenida, como para la consulta, especialmente para mujeres y jóvenes Mapuche, autoridades tradicionales e instituciones representativas del Pueblo Mapuche. Para ello una metodología inclusiva no manipuladora es esencial, es decir, sin que sean objeto de tácticas de influencia engañosas o coercitivas, que apueste a lograr los objetivos de construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto socio histórico y territorial de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Esto debe realizarse antes de tomar medidas legislativas y políticas públicas. Un camino para un nuevo pacto de convivencia, paz y entendimiento debe ser fundamentado en estándares internacionales sobre el derecho a la libre determinación y participación política de los Pueblos Indígenas.
14. La Organización Images for Inclusion pide al Gobierno de Chile que implemente el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas especialmente en lo que atañe a los derechos específicos de dichos Pueblos, conforme al Derecho Internacional como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otros. Además, solicita al Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas que revise la actitud del Sr. Rodrigo Paillalef Monnard, miembro de dicho Foro, quien está actuando unilateralmente y lesiona la imagen y el mandato del Foro Permanente.
Lidia Arriagada García
Presidenta y CEO de ONG Images for Inclusion Inc
