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El gobierno de Javier Milei modificó por decreto el alcance del derecho a huelga en Argentina, estableciendo nuevos pisos obligatorios de servicios durante paros y ampliando el listado de actividades esenciales que deben seguir funcionando. Sectores como la educación, logística y energía deben garantizar un funcionamiento mínimo del 75% en huelgas. La medida generó polémica y enfrentamientos con sindicatos, que consideran la normativa inconstitucional. Milei es el tercer presidente argentino con más paros en su gestión desde 1983.
Por decreto, el presidente argentino amplió la lista de actividades “esenciales” y “trascendentales” ante una huelga general. El libertario ya enfrentó tres paros. Sin embargo, al peronista Alberto Fernández no le hicieron ni uno en cuatro años.
Como viene siendo costumbre, la jugada llegó en silencio, envuelta en la rutina administrativa del Boletín Oficial.
Bajo la excusa de regular el régimen de la marina mercante, el gobierno de Javier Milei lanzó una de las decisiones más polémicas —con voces a favor y en contra— desde su asunción: modificó por decreto el alcance del derecho a huelga, fijó nuevos pisos obligatorios de servicios durante medidas de fuerza y amplió el listado de actividades “esenciales” y “de importancia trascendental” que deben seguir funcionando, incluso en paro.
El decreto N° 340/2025, publicado esta semana con la firma de gran parte del gabinete libertario, alteró el régimen laboral vigente sin pasar por el Congreso y con un giro político que promete escalada sindical y judicial. Otra batalla abierta: va en contra de lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), órgano tripartito al que tributan tanto las centrales sindicales como empresarias de la Argentina y a la que adscribe el país vecino.
Límites a la protesta y los paros en Argentina: las claves del decreto de Milei
Básicamente, el nuevo texto de Milei establece que en caso de huelga, las actividades consideradas “esenciales” deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, mientras que las catalogadas como “trascendentales” tendrán que asegurar al menos el 50%. La novedad: se incorporan sectores clave de la economía, la logística, la energía, la educación y el transporte, bajo un criterio que mezcla funcionalidad, recaudación fiscal y presencia en el comercio exterior.
Hasta ahora, la normativa vigente reservaba la categoría de esencial para servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida o la seguridad pública, como la atención hospitalaria, el control aéreo o el suministro de agua y luz. Pero el nuevo decreto amplía ese universo con decisión “quirúrgica”: desde guarderías hasta telecomunicaciones, desde servicios portuarios hasta internet.
El gobierno trasandino fija ahora que, por ejemplo, los vuelos comerciales, los servicios aduaneros o la educación en todos sus niveles deben sostenerse casi en su plenitud aún en contexto de protesta gremial.
Justamente, son tres de los sectores más conflictivos en lo que va de la gestión de Milei. Por ejemplo, en los últimos meses del 2024, los trabajadores afiliados a sindicatos aéreos dejaron a unos 50.000 pasajeros con vuelos cancelados por su malestar con salarios y la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.
La medida de Milei reflotó fantasmas que no se habían disipado. Muchos de los puntos que ahora aparecen en el nuevo decreto habían sido parte del fallido capítulo laboral del DNU N°70/2023, frenado por la Justicia, y de artículos que el oficialismo buscó incorporar a la Ley Bases, también sin éxito en su redacción original.
Con este nuevo decreto, desde la Casa Rosada vuelven a mover el eje del debate. Le hablan a los mercados, pero también confrontan directamente con el sindicalismo combativo.
En tanto, la ciudadanía porteña, mayormente afectada por las marchas multitudinarias, respirará aliviada, así que Milei se aseguró el apoyo a una posible solución a uno de los reclamos que impulsaron su llegada al poder.
Actividades “esenciales” y “trascendentales”
Las “actividades esenciales” pasan a incluir siete rubros, que deben funcionar al 75% durante cualquier conflicto colectivo. Entre ellos, servicios sanitarios, farmacéuticos, telecomunicaciones, educación básica y transporte aéreo y marítimo.
Por su parte, las “trascendentales”, con prestación mínima del 50%, abarcan desde la industria alimentaria y los servicios logísticos hasta la producción minera, el transporte terrestre, los medios de comunicación, los bancos y hasta el comercio electrónico.
Pero hay un agregado más: el decreto introduce un criterio económico para definir qué es trascendental. Toda actividad que afecte metas fiscales o compromisos de exportación podría quedar bajo ese paraguas. En otras palabras, si una huelga golpea la recaudación o interrumpe una operación clave para el superávit, entonces debe garantizar servicios mínimos, con el aval normativo para limitar su impacto.
Sindicatos en alerta por la medida de Milei: cuántos paros le hicieron y su impacto económico
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) ya dijeron que impulsarán presentaciones judiciales por “inconstitucionalidad”, al considerar que el decreto del Presidente atenta contra un derecho protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Otros afectados, como los gremios docentes, interpretaron las limitaciones como un cerrojo sobre las constantes protestas por mejores condiciones salariales. De hecho, también esta semana, la Secretaría de Educación retiró su intervención en las negociaciones con gremios en las provincias cuando se trata de actualizar salarios.
El mismo malestar ya se anticipa en los sindicatos aeronáuticos como una mordaza para contener resistencias ante la liberalización de sectores clave y las desregulaciones en favor de otros jugadores en el mercado.
Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei enfrentó tres paros generales de los gremios nacionales, entre ellos, la CGT, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA). Ocurrieron el 24 de enero de 2024, el 9 de mayo de 2024 y los días 9 y 10 de abril de 2025.
De revisar la historia, Milei es el tercer presidente argentino con más paros por tiempo de gestión desde la vuelta a la democracia en 1983.
El radical Raúl Alfonsín (1983-1989) tuvo 13 huelgas generales, mientras que su correligionario Fernando de la Rúa (1999-2001) enfrentó nueve, es decir, registró la mayor frecuencia de paros. Vale recordar que renunció en diciembre de 2001 en medio de una grave crisis institucional y económica.
El peronismo, histórico aliado de la casta sindical y las organizaciones sociales, la sacó barata. A Néstor Kirchner (2003-2007) apenas le hicieron un paro general. Durante sus dos presidencias, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, 2011-2015) tuvo cinco, la misma cantidad que Mauricio Macri (Cambiemos) en sus cuatro años de gestión entre 2015 y 2019.
En tanto, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), responsable de la inflación más alta registrada desde 1990 (211,4%), no enfrentó ni un solo paro en su contra. La excepción a la benevolencia de los gremios contra mandatarios del Partido Justicialista fue Carlos Menem (1989-1995, 1995-1999): le hicieron ocho por sus políticas neoliberales.
Paralizar el país e impedir la libre circulación trae consecuencias. De acuerdo a una estimación del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el último paro del 9 y 10 de abril le hizo perder a la economía argentina AR $208.497 millones, lo que se tradujo a unos 194 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento (0,3% del PBI).
