Explosivos, drogas y armas en Santiago Uno: dos días de hallazgos en la mayor cárcel del país

El 22 de mayo de 2025, cuando caía la noche sobre el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, una alerta encendió las alarmas de las autoridades penitenciarias y del Ministerio Público.

A las 21:30 horas, una revisión rutinaria en el sector de venusterio —destinado a las visitas íntimas— derivó en un hallazgo inédito: una mujer portaba un blíster no rotulado con cápsulas que, al ser sometidas a análisis preliminar por parte del OS7 de Carabineros, marcaron en un 55% la presencia de una sustancia explosiva.

La detenida fue identificada como Marisol del Tránsito Muñoz Ramírez, quien se encontraba registrada en el sistema institucional como visita del interno Manuel Rodrigo Peña Araya, imputado por tráfico ilícito de drogas y alojado en el módulo 16. La mujer fue aprehendida de inmediato, y por orden del fiscal de turno, quedó a disposición de los tribunales por infracción a la Ley de Control de Armas. LABOCAR retiró las cápsulas bajo cadena de custodia a las 22:11 horas para someterlas a peritaje químico y balístico.

Pero lo que parecía un hecho aislado fue apenas la antesala de un operativo sin precedentes ejecutado al día siguiente.

Economía paralela

A las 11:20 horas del 23 de mayo, una fuerza de 92 funcionarios del Subdepartamento de Servicios Especializados (SSEE) de Gendarmería, liderados por el teniente coronel Nelson Acevedo Thiele, irrumpió simultáneamente en los módulos 13, 14, 15 y 16 de Santiago Uno. El procedimiento, autorizado y planificado, intervino una población de 1.106 internos y reveló un nivel de contrabando que sobrepasó todas las estimaciones previas.

El balance es contundente:

Además, se incautaron diversos tipos de droga en formatos propios del microtráfico:

También se hallaron cigarrillos artesanales, trozos de sierra y un moledor de droga, lo que refuerza la hipótesis de una estructura delictiva operando desde dentro con redes externas.

Sospechas

Fuentes penitenciarias consultadas por Radio Bío Bío no descartan que el hallazgo del día 22 —el intento de ingresar cápsulas con posible contenido explosivo— esté vinculado a una eventual reestructuración o escalada violenta entre bandas al interior del penal, particularmente en el módulo 16, donde se aloja Manuel Peña Araya y que fue uno de los intervenidos en el allanamiento masivo.

Cuatro internos fueron denunciados al Ministerio Público por infracción a la Ley 21.594, que regula el ingreso y tenencia de elementos prohibidos en centros penitenciarios. A su vez, todas las sustancias incautadas fueron derivadas al Servicio de Salud para su análisis toxicológico.

Dos en uno

El operativo, tanto en su primera como en su segunda jornada, expone el nivel de sofisticación y control que algunos internos ejercen desde el interior de los recintos penitenciarios. La existencia de tecnología, drogas, armas, efectivo y elementos explosivos sugiere no solo un sistema de corrupción interna, sino una permeabilidad estructural que compromete la seguridad institucional.

Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que se está evaluando una intervención especial en Santiago Uno y no se descarta la aplicación de medidas administrativas contra funcionarios penitenciarios.

En menos de 48 horas, Santiago Uno pasó de un hallazgo explosivo a una intervención masiva que dejó al descubierto una economía subterránea y estructuras delictivas consolidadas. Un golpe que revela, una vez más, que los muros del penal más grande del país no impiden el avance del crimen organizado.

Crisis estructural

Estos eventos se enmarcan en una crisis más amplia del sistema penitenciario chileno. Según datos de Gendarmería al 31 de marzo de 2025, la población penal en régimen cerrado alcanzaba las 59.649 personas, con una capacidad oficial de 41.992 plazas, lo que representa una sobrepoblación del 142% . Este hacinamiento ha sido identificado como un factor que facilita la proliferación de redes de crimen organizado dentro de los penales.

El gobierno ha anunciado un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que contempla la ampliación de Santiago Uno con 600 nuevas plazas, distribuidas en tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad, con una inversión estimada de más de $185 mil millones y una proyección de inicio de obras recién el año 2027.

Respuesta de Gendarmería

Consultados por Radio Bío Bío, desde Gendarmería de Chile señalaron que “gracias a los controles rutinarios para el ingreso de visitas a las unidades penales y, en específico a la exhaustiva revisión por parte de personal penitenciario a una mujer que concurrió en esa calidad al CDP Santiago I, se logró detectar e incautar elementos prohibidos, procedimiento que fue informado inmediatamente al Ministerio Público, instancia que determinó la concurrencia de Personal del Departamento de Criminalística de Carabineros, para el análisis de lo incautado, y posterior investigación“.