Me gustaría escuchar qué tienen que decir las asociaciones de funcionarios públicos sobre este problema.
En 2019 describí el estallido social como el resultado del movimiento de las placas tectónicas de la sociedad chilena. Un terremoto social producto de la acumulación de tensiones, abusos tanto del sector privado como del púbico, injusticias por doquier, corrupción institucional generalizada, incluyendo Fuerzas Armadas y de Orden e iglesias.
Todo ello llevando a un proceso creciente de degradación generalizada de nuestra sociedad, proceso que se extiende hasta el presente, en la medida que hasta hoy los problemas de fondo que lo originaron no han sido enfrentados. Casi cada día surge un nuevo hecho que sólo ratifica tal degradación.
Uso delicutual de licencias médicas
En estos días nos hemos enterado de un informe de la Contraloría que ha dejado en evidencia algo que era un secreto a voces: el uso delictual masivo de licencias médicas fraudulentas, más de 35.000 entre 2023 y 2024. Y esto habla no sólo de la inmoralidad de cada una de esas 35.000 personas sino, peor aún, del doble delito cometido por 25.000 de ellas, que usaron ilegalmente esas licencias para irse de viaje al extranjero, a costa del Fisco.
Pero no sólo son delincuentes quienes hicieron uso ilegal de esas licencias sino también los médicos que las otorgaron. Y son también cómplices de esos delitos todas aquellas personas del círculo familiar o amical, o del trabajo de cada una de esas personas que, muy probablemente, sabían de tal uso ilegal de las licencias médicas, partiendo por quienes las acompañaron en sus viajes.
Es decir, lo que estamos viendo es una normalización masiva de un actuar delictual. En otras palabras, pareciera como que nos hemos ido transformando en un país de sinvergüenzas, porque no sólo son delincuentes quienes caen en estas conductas ilegales sino también quienes las conocen y se hacen cómplices al no hacer nada al respecto, desde disuadir al que piensa hacer uso de tal triquiñuela hasta la denuncia.
Un número importante de quienes han hecho uso delictual de las licencias médicas son empleados del sector público, tanto del ejecutivo y empresas públicas como de las municipalidades. Algunas de esas instituciones son tan pequeñas en personal y tienen un tan alto número de licencias que, si se saca una tasa, deben tener las más altas, lo que las transforma en casos mundiales de mala salud de sus empleados.
Se trata, entonces, de una defraudación masiva de recursos públicos. Y con tanta licencia uno comienza entonces a hacerse preguntas e hipótesis.
¿Y esta gente a qué hora trabaja, en realidad?
En tiempos recientes me ha tocado relacionarme con el sector público, tanto ministerios como municipalidades, para llevar a cabo diversos trámites. Y la conclusión a que he llegado, después de esa experiencia, es que es verdaderamente un suplicio tener que relacionarse con el Estado y los municipios: te tiran de un lado a otro, en un eterno “comprahuevo”, en que nadie se hace cargo de darte mala información.
Te obligan a hacer trámites absurdos, que además no están estandarizados pese a tener el mismo objetivo y que podrías hacer perfectamente online, evitándote pérdidas de tiempo y de plata. No te dan información oportuna ni exacta; las páginas web de los organismos públicos son un desastre porque nunca encuentras la información que necesitas pero te enteras de cuanta inauguración o acto concurren las autoridades cada día (como si eso le importara alguien) hasta que te llegas a hartar de la presencia inagotable de esas autoridades en cuanta foto logran aparecer, hasta el punto que te llegas a preguntar: ¿y esta gente a qué hora trabaja, en realidad?
Y no voy a hablar del hecho absolutamente absurdo, en pleno siglo XXI y en la era de la masiva extensión de las tecnologías de la información y comunicación, que, con una frecuencia increíble, cuando tratas de hacer algún trámite, te dicen que no es posible hacerlo porque “la persona a cargo está con licencia”.
¿Qué tienen que decir las asociaciones de funcionarios públicos?
Dejando de lado el hecho absurdo de que el curso de un proceso administrativo dependa de una sola persona, hasta hoy no me había explicado por qué era tan frecuente, en diferentes reparticiones públicas, escuchar la misma excusa para no poder completar un trámite.
Me preguntaba, muy ingenuamente, ¿cómo es que los funcionarios públicos se enferman tanto y tan generalizadamente? Pero ahora lo sé: obviamente, no me podían decir que ese funcionario o funcionaria andaba de viaje, usando ilegalmente una licencia médica. Y tenemos que seguir esperando que esa gente se “reponga” y vuelva de sus viajes para poder completar los trámites que necesitamos, para muchos de los cuales esos mismos funcionarios nos ponen fechas limite y fatales para completarlos.
Me gustaría escuchar qué tienen que decir las asociaciones de funcionarios públicos sobre este problema. Pero, por favor, por su propio bien, no levanten una defensa corporativa, no se vayan por las ramas de las formalidades, no traten de excusar lo inexcusable, no argumenten que se trata de una proporción ínfima de funcionarios; no. Asuman el problema de frente, autocríticamente, con valentía. Y condenen categóricamente el proceder delictual de quienes han cometido esta ilegalidad, y, si algunos de ellos son socios o socias de sus organizaciones, échenlos.