Contraloría respalda a funcionario de Mejor Niñez que no asiste desde 2021 por trabajo sindical

El 10 de octubre del año pasado la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló las acusaciones contra Felipe Ramírez, funcionario de Mejor Niñez que no trabajaba en su puesto en la institución desde 2021 por dedicar la totalidad de su jornada de 44 horas semanales a su rol gremial, a pesar de mantener un puesto con atribuciones y un sueldo que en abril de este año ascendía a $2.120.000.

La situación generó molestias dentro del Servicio de Atención Especializada de la Niñez y Adolescencia, en especial por la sobrecarga laboral que afecta a la mayoría de los funcionarios que ahí se desempeñan. Incluso en su momento la Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA) condenó el actuar del dirigente, indicando que este: “no representa a la mayoría de los funcionarios que cumplen con su labor de manera comprometida y transgrede las obligaciones de todo funcionario de la administración del Estado”.

La ausencia, según explicó el mismo Ramírez a este medio, responde a su rol como presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio (ANTRAP). De acuerdo con lo comentado por el asistente social, la situación está avalada por la normativa de la Dirección del Trabajo que le otorga un mínimo de 22 horas semanales como dirigente nacional, utilizando él sobre 45 para viajar constantemente a Santiago para resolver problemas, asistir a reuniones convocadas por la autoridad, encontrarse con instituciones que trabajan con la infancia, reunirse con empresas para buscar beneficios, visitar los centros de administración directa, etc.

Tras conocer los hechos, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó una denuncia ante la Contraloría de la República, ante la cual desde ANFUSEPNA insistió en su investigación indicando que la dirección nacional de Mejor Niñez “ha sido cómplice de estas conductas y no da garantías de debido proceso y autonomía investigativa”.

Sin embargo, este lunes 26 de mayo la Contraloría le cerró la puerta a los alegatos, dándole la razón a Ramírez sobre la legalidad de su actuar. La respuesta decepcionó a funcionarios de la séptima región, descontentos por la nula presencia de su colega en las dependencias de Mejor Niñez.

De acuerdo al documento emitido por el organismo fiscalizador indicó que el funcionario comunicó de forma correcta el uso de su permiso sindical entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, contando con autorización para dedicar la totalidad de su jornada laboral al desarrollo de tareas de representación gremial, por lo que las inasistencias fueron consensuadas por el jefe de Servicio.

En el análisis se especifica que de las cinco resoluciones que aprobaron estos permisos, cuatro se emitieron el 10 de octubre de 2024, y una el 26 de diciembre de 2024. Es decir, todas las autorizaciones fueron entregadas de forma posterior a la ausencia. Al respecto, la Contraloría ordenó que a partir de ahora, este tipo de actos deberá ser aprobado antes de que se produzca la inasistencia, y no después.

Respecto a los años 2021 y 2022, al no contar el Servicio con ningún tipo de registro, la Contraloría ordenó que este implemente medidas de control para verificar si el uso de permisos gremiales por parte de Ramírez se ajustó a los términos, y en caso de determinar su uso indebido, ejerza acciones para regularizar y determinar la responsabilidad administrativa. Para ello, le entregó un plazo de 60 días hábiles.

Como consecuencia, el Servicio emitió este martes la Resolución Exenta 526/2025, respecto a la aprobación del procedimiento para dar aviso, uso y registro de permisos gremiales de directores y dirigentes de las asociaciones de funcionarios de Mejor Niñez.

En este se dieron lineamientos y se afirmó que según la ley los directores de asociaciones podrán ausentarse en un mínimo de 22 horas semanales y 11 para directores regionales, provinciales o comunales, variando las horas máximas de uso “como buena práctica” para cada dirigente, pero con un tope de 44 para los nacionales, como Ramírez.

Asimismo se afirmó que “todas las programaciones de uso de horas gremiales deberán ser comunicadas a la jefatura directa y a la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, a más tardar con una semana de antelación a su ejecución. Esta comunicación tiene como finalidad permitir la adecuada planificación de la distribución de jornadas de los equipos de trabajo, resguardando tanto el ejercicio del derecho gremial como el normal funcionamiento del Servicio”.

Respecto a las dudas sobre no haber sido objeto de evaluaciones de desempeño desde 2016 y haber registrado alzas de grado durante el periodo en que no ha asistido, la Contraloría tampoco encontró irregularidades, y reiteró que las acciones de Ramírez se encuentran avaladas por ley.