El Gobierno ingresará este miércoles el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para su tramitación en el Congreso Nacional.
“Hace un año el presidente Gabriel Boric ingresó un nuevo reglamento para las tres causales y también anunció un proyecto para el aborto legal. El día viernes en la tarde, la Contraloría tomó razón del reglamento que buscar que lo que nuestro país ya acordó el 2017, funcione en todo el país y resguarde en especial a las niñas en la causal de violación, la más frecuente para ellas”, manifestó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
En este sentido, la secretaria de Estado detalló el ingreso de este proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de 14 semanas y establece para ello mecanismos en el sistema de salud.
“Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar. A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública, les invito a que demos un debate respetuoso”, sostuvo Orellana.
También invitó a quienes están en contra de este proyecto a que “con confianza en la justicia de sus argumentos, se abran al debate y no se sigan imponiendo por más años los vetos a una discusión que, independiente de la disposición a darse, sigue ocurriendo”.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que los interesa como Gobierno “es que ninguna mujer esté en una condición de inseguridad por someterse a estos procedimientos… Ninguna mujer merece ir a la cárcel por practicarse un aborto”.
“Actualmente, las mujeres que cometen el aborto, se encuentran criminalizadas, se encuentran penadas en nuestro sistema o en nuestro ordenamiento jurídico, y eso es lo que precisamente con este proyecto se quiere terminar (…)”, recalcó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Proyecto de aborto legal
El costo financiero estimado es de $2.600 millones, esto se divide, según Orellana, “en la provisión de los medicamentos que son necesarios, de acuerdo a las guías clínicas actuales de la Organización Mundial de la Salud, para la interrupción medicamentosa; como también en algunos recursos humanos”.
“Acá estamos estableciendo un plazo de 14 semanas. En muchos países del mundo, esto, bajo condiciones sanitarias seguras, no en la clandestinidad y con tráfico de medicamentos… en condiciones sanitarias seguras y sin condiciones base de riesgo, es un procedimiento que puede ser ambulatorio”, precisó la ministra.
Por lo tanto, la estrategia que van a remitir a una norma técnica, va a ser que esto vaya a “la Atención Primaria en Salud hasta las 12 semanas. En el plazo de 12 a 14 semanas, que de todas formas, de acuerdo a las cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son menos del 20%, la mayoría ocurre dentro de las 12 semanas, va a ser derivado a la Red Hospitalaria”.
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