Diez años congelados: ¿y si ampliamos las buenas escuelas?

Chile ha invertido miles de millones en construir una institucionalidad para evaluar la calidad de su sistema escolar. En 2025, por ejemplo, destinaremos 47.500 millones de pesos a financiar una Agencia de Calidad de la Educación, autónoma y con un consejo plural y técnico, encargada de evaluar a los sostenedores y generar información precisa sobre el desempeño de los colegios. Hoy sabemos, con bastante claridad, cuáles lo hacen bien, cuáles más o menos, y cuáles derechamente mal.

¿Y qué hacemos con esa información? El diseño original de la Ley N°20.529, que creó esta agencia, contemplaba cerrar aquellas escuelas que, pese a recibir apoyo y orientación estatal durante al menos cinco años, mantuvieran una trayectoria de desempeño insuficiente. La expectativa era que surgieran mejores opciones para las familias.

Sin embargo, por diversas razones, el cierre de escuelas no se ha implementado. Hay quienes sostienen que hacerlo puede afectar el acceso a la educación de miles de estudiantes y no garantiza que las nuevas alternativas sean mejores.

Otros afirman que no es justo seguir destinando recursos públicos a escuelas que no garantizan el derecho a una educación de calidad, y que deberíamos promover mayor competencia para incentivar mejoras.

Y como suele ocurrir en nuestra política, cuando enfrentamos posiciones opuestas en asuntos relevantes, optamos por no hacer nada. Los dos fracasos constitucionales recientes son ejemplos elocuentes de esta inercia.

Sin entrada ni salida, la mediocridad se instala

Parte de esa inacción puede explicarse por el diseño del sistema. La Ley de Inclusión Escolar, promulgada en 2015, congeló la creación de nuevos colegios subvencionados. Los sostenedores existentes, muchas veces familias o grupos ligados históricamente a la educación, debieron transformarse en organizaciones sin fines de lucro. Se les permitió por ley adquirir la infraestructura escolar con recursos públicos o seguir arrendándola, incluso a sus propias sociedades relacionadas.

Las reglas para quienes quisieran sumarse al sistema educativo hoy son muy distintas. Si un grupo de profesores decidiera fundar un nuevo colegio, no podría arrendar un inmueble: debe acreditar propiedad y financiar la compra con recursos propios. Es decir, desembolsar millones de dólares.

Con este escenario general, no debiéramos sorprendernos de las consecuencias: si no permitimos que entren nuevos actores a ofrecer nuevas alternativas de mejor calidad, lógicamente tampoco podemos ser estrictos para que salgan los que lo hacen mal. Resultado: la mediocridad se convierte en la regla general y se mantiene en el tiempo, en detrimento de la educación que reciben millones de niños, niñas y adolescentes.

Alternativas intermedias: premiar a quienes lo hacen bien

En Pivotes creemos que es urgente romper esta inercia que perpetúa la desigualdad de oportunidades. ¿Cómo? No parece razonable volver al escenario previo a 2014 y permitir la apertura libre de nuevos colegios sin exigencias mínimas de calidad. Pero tampoco lo es, diez años después, ignorar la evidencia sobre el desempeño de los establecimientos existentes y mantener un sistema congelado mediante barreras regulatorias que excluyen a la mayoría de los chilenos.

Menos sensato es desconocer que entre esas dos posturas existen alternativas intermedias. La más obvia: dar oportunidades para crecer a quienes ya han demostrado que lo hacen bien. ¿Por qué no usar la información que entrega la Agencia de Calidad para permitir que sostenedores de buen desempeño puedan, si así lo desean, ampliar su cobertura?

¿Es descabellado pensar que colegios de bajo desempeño, incluso establecimientos públicos administrados por SLEPs, puedan ser entregados en concesión a un sostenedor con trayectoria exitosa, en lugar de no hacer nada o cerrarlo?

¿No sería razonable facilitar que quienes han mostrado resultados positivos abran nuevos colegios o se fusionen con otros que debieran cerrar?

Existen experiencias valiosas en Chile y el mundo que vale la pena considerar. Propuestas como la planteada más arriba se aplican de forma exitosa en países como Reino Unido a través de las denominadas academies. En Alto Hospicio, una fundación educacional de la empresa minera Collahuasi, en coordinación con la SNA, está a cargo de la administración de un establecimiento dependiente del SLEP de Iquique que se encontraba en una situación especialmente compleja y logró mejorar su trayectoria educativa de forma radical.

Urge actuar por el derecho a una educación digna

Si bien las normas actuales imponen muy importantes trabas burocráticas, el impulso transversal contra la “permisología” y la rigidez administrativa -presente en varias campañas presidenciales- puede ser una oportunidad para repensar cómo dinamizar el sistema de administración de la educación y promover la expansión de opciones de buena calidad.

Quizás ha llegado la hora de superar la lógica de no hacer nada y permitir que las buenas escuelas crezcan o reemplacen a las que no están garantizando buenas oportunidades.

Es importante superar los prejuicios ideológicos que provocan la inercia y actuar con sentido de urgencia porque en ello se juega el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país a recibir una buena educación.