Entre logros y desafíos: justicia y DDHH en el mandato de Boric

Más allá de las polémicas y las críticas propias de períodos electorales, es difícil que seriamente se pueda desconocer un conjunto de logros existentes en el ámbito de la Justicia y los Derechos Humanos, cuando varios de ellos han sido ampliamente compartidos o debatidos con los sectores políticos.

Desde ya, es un hecho que el crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos.

El jefe de Estado recordó que se han aprobado en el período más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas del delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal.

Reforma al Sistema Procesal Penal y Fiscalía Supraterritorial

Citó entre los ejemplos la ley que castiga con más dureza la reincidencia, que es el principal cambio que ha tenido el Sistema Procesal Penal existente desde su instalación en el país. Agreguemos solo como ejemplo la creación de la Fiscalía Supraterritorial, a la que solo le falta la ley orgánica para ser una herramienta efectiva, además de la normativa próxima a ser despachada que fortalece el Ministerio Público.

Ahí está también el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que va a permitir que en cinco años sumemos más de 15 mil plazas, nuevas o rehabilitadas, para enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento en las cárceles. No se trata solo de números. Es un conjunto de obras a lo largo del país que está definido, que está en desarrollo, y que tiene las destinaciones de recursos que corresponde, sin perjuicio que ellas se inauguren durante el próximo período.

También quedará para su instalación plena en la siguiente gestión el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que permitirá enfrentar de mejor manera la necesidad de apoyo jurídico para quienes no tienen recursos para proveérselos por sí mismo y, en particular, respaldar integralmente a quienes sean objeto de delitos violentos.

El Presidente también habló del deber moral de romper el destino trágico en que la pobreza condena a algunos a la delincuencia, que es uno de los objetivos que tiene el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que ya ha sido instalado en 13 regiones del país y que en enero del próximo año comienza a funcionar en la macrozona central, lo que significará el fin del Servicio Nacional de Menores. Atrás quedarán, hemos dicho, sus luces y sombras. Respecto de estas, se encuentra trabajando una comisión que deberá hacer una propuesta de manera de reparar las vulneraciones a derechos que se registraron durante su accionar.

Derechos humanos y justicia para las víctimas de adopciones irregulares

Hay otros grupos de trabajo transversales que ya han terminado su labor, como el referido a adopciones forzadas o irregulares, la que se traducirá en la creación de un Banco de Huella Genética, que permitirá contar con una vía extrajudicial para la búsqueda de orígenes, y posibilitar la reunificación familiar de tantos niños y niñas que fueron robados durante tanto tiempo y entregados a familias extranjeras.

Estas últimas iniciativas se enmarcan en una política de derechos humanos que es uno de nuestros sellos más claros y que esperamos no se atenúe en el futuro, sino que, por el contrario, se fortalezca, porque está en la base del sistema democrático. En este marco, hemos trabajado intensamente en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que ya ha puesto en conocimiento de la ciudadanía la primera nómina oficial de 1.469 víctimas de desaparición forzada y un mapa georreferenciado de su última trayectoria conocida, además de la intensificación de las diligencias en terreno, tanto judiciales como extrajudiciales, así como el desarrollo de pericias tanto en Chile como en laboratorios extranjeros.

Asimismo, como una medida reparatoria, hemos acogido la solicitud de familiares de víctimas y estamos trabajando para llevar adelante a la brevedad la expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad donde se practicaron horribles violaciones de los derechos humanos. Hemos considerado también que es tiempo de terminar con la denominación de cárcel especial del establecimiento de Punta Peuco, donde hoy se encuentra más de un centenar de condenados por delitos de lesa humanidad, de manera que Gendarmería pueda gestionarlo como un penal común.

Como el tema de los derechos humanos no solo se refiere a los hechos registrados durante la dictadura civil militar. Hemos trabajado para consolidar un catastro de víctimas y una red interinstitucional para atender a las necesidades concretas de quienes sufrieron daños graves producto del actuar de agentes del Estado durante el estallido social.

Próximamente, en la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podremos relevar otros avances importantes de nuestra gestión. Con todo, las materias abordadas por el Presidente de la República dan cuenta de un sector que ha estado modernizándose legal y administrativamente, con un número de atenciones directas de la gente de gran envergadura, con obras concretas en desarrollo y con funcionarias y funcionarios comprometidos con el servicio público.