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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El presidente regional en el Bío Bío de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, desmintió su participación en la solicitud presentada por dos consejeros de su partido a la Contraloría, quienes cuestionaron el aporte de la Subdere para la reconstrucción del Mercado de Talcahuano.

Álvaro Ortiz se refirió a la presentación que hicieron ante la Contraloría dos cores de la Democracia Cristiana (DC), pidiendo revisar el aporte de la Subdere para la reconstrucción del Mercado de Talcahuano.

El timonel regional de la DC cuestionó a los consejeros y descartó su intervención en esa solicitud.

Siguen las repercusiones por la solicitud de los consejeros Pedro Venegas y Juan Carlos Villanueva a la Contraloría, denunciando que el fondo comprometido por la Subdere para la recuperación del Mercado de Talcahuano podría no ser legal, pues se trata de un ítem solo dirigido a inmuebles fiscales o municipales.

Por eso, y porque el centro comercial destruido por el terremoto y tsunami de 2010 no era municipal, es que los cores de la DC pidieron al organismo contralor un pronunciamiento en ese sentido.

La presentación ha sido cuestionada desde el Gobierno Regional del Bío Bío a la Municipalidad de Talcahuano y el Congreso, y justamente el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, reiteró que será la Democracia Cristiana la responsable si fracasa el proyecto consensuado en marzo pasado.

La respuesta a las críticas las entregó de inmediato el presidente regional de la DC, Álvaro Ortiz, asegurando que se enteró por Radio Bío Bío de la solicitud de los consejeros de su partido, que la presentación no correspondía y descartando categóricamente que haya una operación política contra la recuperación del mercado del puerto.

Ortiz sostuvo que los cores admitieron la mala decisión, que la Democracia Cristiana está detrás del proyecto por 16 mil millones de pesos y que hay que esperar a la toma de razón de la Contraloría, que tiene la última palabra.