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El 7mo Juzgado de Garantía de Santiago acoge a trámite querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Joaquín Lavín Jr. y otros por malversación de caudales públicos. Se señala desvío de fondos del Congreso para campañas políticas, mediante maniobras entre el parlamentario, su asesor y dos proveedores para la emisión de facturas falsas, que fueron rendidas a la Cámara para obtener recursos usados para pagar deudas de campañas políticas.
La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Joaquín Lavín León por malversación de caudales públicos fue acogida a trámite por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago.
Se trata de una querella revelada por BBCL Investiga, donde se apunta a Lavín Jr. por el desvío de fondos del Congreso para sus campañas políticas y de otros actores pertenecientes a la UDI.
Acogen a trámite querella del CDE contra diputado Lavín
Así, en el texto presentado ante la justicia se apunta al diputado Lavín, a Arnaldo Domínguez Vallejos, asesor parlamentario; Juan Silva Morales y Felipe Vásquez Diéguez.
La querella, a su vez, apunta a “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito reiterado de malversación de caudales públicos”.
En tanto, el abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, desestimó la querella, afirmando que la información contenida en ella es “obsoleta”, tanto en lo referido a los registros de la imprenta como al sitio web implicado, denominado “Modo 74”.
Según la investigación del CDE, tanto Lavín como su asesor y el resto de proveedores realizaron maniobras “que les permitieron desviar y obtener recursos directamente del Congreso”, rindiendo gastos “improcedentes, abultados y falsos” a la Cámara mediante facturas ideológicamente falsas.
Las facturas fueron emitidas por servicios que presuntamente fueron prestados por una imprenta de Silva y una empresa de servicios informáticos propiedad de Vásquez.
Todo con el fin de apropiarse de recursos “para pagar deudas por campañas políticas o para derechamente apropiarse de tales recursos”, concluye el Consejo de Defensa del Estado en su querella.
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