Orrego bajo la lupa: las reacciones políticas tras irregularidades detectadas en GORE Metropolitano

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“Esto es de la máxima gravedad” y “tiene el derecho a defenderse”. Esas son algunas de las reacciones tras las serias irregularidades que dio a conocer este miércoles la Contraloría General de la República, luego de auditar los gastos y transferencias otorgadas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Metropolitano, entre enero y septiembre de 2024.

Y es que según lo consignado en el informe 873, emanado por el organismo dirigido por Dorothy Pérez, dentro de los objetivos específicos de las investigaciones, se analizaron las transferencias efectuadas por cada gobierno regional al sector privado. Todo esto, para detectar que no existan conflictos de intereses y que la finalidad del uso de los recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral, ni con publicidad y/o difusión de estas.

Irregularidades en el GORE Metropolitano

En el caso del Gobierno de Santiago, liderado por Claudio Orrego, el ente contralor estableció que durante el año pasado, el organismo pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

En la revisión, se constató que las sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral de Orrego para su reelección.

También, el documento dio a conocer la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por $51.753.665. En este proceso, no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.

Junto con aquello, se advirtió la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A. Agencia en Chile, por un total de $46.154.150. En este caso, la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones por contrato.

También, la Contraloría constató la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por un total de $109.302.180, del cual el gobierno regional no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos respecto a la idoneidad del proveedor.

Frente a este escenario, por medio de una declaración pública, desde el GORE Metropolitano descartaron el uso de fondos públicos para propósitos distintos de aquellos para los que fueron asignados, como la campaña de Orrego, y aclararon que las actividades de coaching contratadas se han ejecutado desde el año 2021 en adelante, por lo que no serían “fruto de ningún contexto electoral”.

Asimismo, indicaron que el coaching directivo “no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país“. Por lo tanto, aclararon que, si bien se pueden mencionar esos contextos, eso no significa que el coach tenga un fin distinto al institucional.

Orrego bajo la lupa: reacciones política de oposición y oficialismo

En medio de este contexto, desde la oposición calificaron esta situación como “grave”, sin embargo, el diputado Eduardo Durán (RN) planteó que Orrego tiene todo el derecho a defenderse de las acusaciones, pero debe demostrar que es inocente de lo que se le acusa.

Por su parte, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recordó que -en el caso del Gobierno de Santiago- los consejeros regionales de oposición son más que los oficialistas, por lo que, perfectamente, en caso de comprobarse estas acusaciones, podrían solicitar la destitución de Claudio Orrego.

En tanto, desde el oficialismo, el diputado Juan Santana (PS) afirmó que esperarán cada uno de los alcances de la investigación contra el Gobierno Metropolitano, para así, evaluar las acciones a seguir a nivel parlamentario.

En la misma línea, el diputado Raúl Leiva (PS) recordó que son los consejos regionales quienes tienen las facultades para requerir al Tribunal Electoral Regional, por lo que es necesario esperar el fin de la indagatoria y establecer así las responsabilidades.

Finalmente, desde el Gobierno de Santiago, tras ser consultados por el caso, concluyeron que “respetamos y valoramos el rol de fiscalización de la CGR, por lo que colaboraremos en cada una de las instancias que busquen aclarar lo expuesto en el Informe Final Nº873″.