La escalada de tensiones entre La Moneda y Fiscalía tras intento de "pinchar" teléfono de Pdte. Boric

Ética y transparencia de BioBioChile

“Estamos a la espera de que sea la propia fiscalía la que pueda aclarar si este trascendido es cierto o no es cierto, y a partir de ahí, tomar los resguardos que sean necesarios”. Así, la vocera (s) Aisén Etcheverry abordó -el lunes por la tarde- una supuesta solicitud del fiscal Patricio Cooper para “pinchar” o interceptar el teléfono del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Una medida intrusiva que fue rechazada por el Juzgado de Garantía, pero que significó un temblor al interior del Palacio de La Moneda.

Lo anterior se enmarca en medio de la investigación por el caso ProCultura, misma indagatoria por la cual el Ministerio Público accedió al teléfono del ahora exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. Esa escucha desencadenó otra investigación, relativa a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Frente a este escenario, surge la interrogante sobre ¿por qué el teléfono del Presidente Boric es de interés del Ministerio Público? La respuesta es por su cercanía al fundador de esa fundación, Alberto Larraín.

Y si bien la medida intrusiva no contó con el visto bueno, el Ejecutivo argumentó que su preocupación se daba por la seguridad nacional: el teléfono del jefe de Estado contiene información sensible.

De esta manera, el recién pasado martes, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, en conversación con Radio Infinita, instó a la Fiscalía “acreditar” el mérito por el cual se solicitó la medida intrusiva.

Posteriormente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “el punto que nos interesa y que yo creo que forma parte de un compromiso que deberá ser colectivo en Chile es que todas las instituciones desarrollen su trabajo en el marco del Estado de Derecho”.

“Y obviamente que en el caso de que exista una investigación que es de grado de reservado, se cumpla con lo que establece la ley”, agregó.

Un poco más temprano, el ministro de Seguridad Púbica, Luis Cordero, sostuvo que “el gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley”.

El portazo de Fiscalía a La Moneda

Sin embargo, la Fiscalía Regional de Coquimbo le dio un portazo a La Moneda. A través de un comunicado, sostuvieron que “en cuanto a eventuales solicitudes de medidas intrusivas, se recuerda que estas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía, conforme a la ley, y que la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso”.

En medio de este contexto, desde la oposición salieron a respaldar al Ministerio Público. Por ejemplo, la senadora Paulina Núñez (RN) y el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, apuntaron a que “nadie está por sobre la ley”.

En tanto, uno de los abogados querellantes, John Reid, socio del republicano Raimundo Palamara, cuestionó duramente al Ejecutivo, argumentando que “nada tiene que opinar”.

La arremetida del oficialismo contra el Ministerio Público

La polémica escaló y llegó hasta sectores del oficialismo, donde defendieron al Presidente Boric.

De hecho, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Santana, acusó que “el frenesí y descontrol del fiscal Cooper, intentando intervenir las conversaciones del Presidente Boric, es responsabilidad directa de Ángel Valencia”.

Además, agregó que al fiscal Cooper “se le está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional”. Fue ahí donde lanzó la amenaza de que, si el Fiscal Nacional “no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción”.

Una lectura que si bien no necesariamente debe ir de la mano con la solicitud de destitución, si es compartida en otros sectores de la Alianza de Gobierno.

En ese sentido, los diputados Raúl Soto (PPD) y Jaime Sáez (FA) apuntaron a que el punto en común es el resguardo a la seguridad nacional.

De todas formas, hay división en el oficialismo, ya que el diputado Daniel Manoucheri (PS) señaló que “por doloroso que sea”, nadie puede “temerle a la verdad”.