En la audiencia de formalización realizada en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los seis detenidos vinculados a millonarias clases de zumba y spinning adjudicadas durante la gestión del exintendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara.
Así lo determinó la jueza Karen Atala, quien acogió la petición del Ministerio Público respecto a los imputados solicitados. Todos fueron formalizados en el marco de la investigación encabezada por los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina y Miguel Orellana.
Con cauciones de hasta $80 millones quedaron los acusados Jorge Arcos, Manuel Zapata, Jaime Bravo y Jorge Castillo, además del arraigo nacional en caso de que dicha fianza sea pagada.
Los otros imputados, es decir, Cecilia Yáñez y Jorge Toro, quedaron con firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.
Cabe señalar que la indagatoria se basa en un eventual ilícito por sobreprecios. Este caso fue revelado por la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Fiscalía tras formalización de detenidos por millonarias clases de zumba
El fiscal Miguel Ángel Orellana entregó declaraciones tras la audiencia. Así, el persecutor se refirió a la formalización de los seis imputados por delitos de obtención fraudulenta de subsidios en el contexto de una asociación ilícita, en la cual existían distintos roles de liderazgo y participación.
También se sumaron imputaciones por el delito de lavado de activos originado en el ilícito anterior.
El Ministerio Público calificó a todos los acusados como autores y ejecutores de los delitos. Respecto de Yáñez y Toro, se solicitó el arresto domiciliario total; no obstante, esta medida fue rechazada y se decretaron las cautelares previamente señaladas.
Respecto de los cuatro imputados en prisión, la resolución justificó la necesidad de la medida cautelar por riesgo de fuga, y no por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.
Debido a lo anterior, se determinaron cauciones considerando el perjuicio fiscal que imputa el Ministerio Público, estimado en alrededor de $750 millones. Por ello, se fijaron montos desde $25 hasta $80 millones.
“A nivel de modo operar tiene que ver con la utilización de distintas personas jurídicas, entre ellas organizaciones no gubernamentales y la utilización además de empresas cuya existencia jurídica era preexistente. Eran empresas que ya existían y desde ese punto de vista establecían las condiciones necesarias que exige la ley para obtener o poder participar de estos procesos de licitación y obtener beneficios fiscales, estatales”, explicó el fiscal Orellana.
El persecutor además añadió: “estas empresas eran utilizadas por los sujetos para participar de estos concursos que correspondían en los años 2020-2021 a lo que hoy día es el gobierno regional, en esa época la intendencia regional”, complementó.
Tras ser consultado por una eventual arista que involucre al exintendente Guevara, el fiscal Orellana señaló que están indagando las vinculaciones de estructuras delictivas con la exintendencia Metropolitana, hoy Gobierno de Santiago.
Defensa de los imputados
La defensora penal pública, Dayanna Miranda, confirmó que se ejecutaron todos los proyectos adjudicados por la exintendencia Metropolitana y que se pagó a todos los trabajadores contratados.
Ante la consulta por un eventual sobreprecio en los proyectos o respecto del presupuesto disponible, la abogada Miranda señaló que se compraba a precio de mercado y que luego se vendía en los mismos términos que conocían, es decir, a los valores establecidos como los correctos.
“De ninguna manera con una intención de aprovechamiento económico en estos casos“, aseguró la defensora penal pública, quien indicó que se justifican los traspasos investigados para ejecutar los proyectos realizados.
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