7 de febrero de 2025. Nueve de la mañana. Ocho representantes de gremios del Ministerio de Obras Públicas están agrupados en el tercer piso del Edificio Cochrane 759 de Valparaíso. El noveno integrante presente en esa reunión es el seremi de la cartera de dicha región, Dennys Mendoza Castillo. La cita, que se extenderá por tres horas y media, expondrá de todo: desde prácticas antisindicales hasta deficiencias en el lugar de trabajo.
De esto último hay material de sobra.
La lista de irregularidades al interior de la casona que arrienda la Subsecretaria de Obras Públicas —y donde en su mayoría opera el Departamento de Vialidad— acumula desde un sumario sanitario hasta cuestionamientos en los certificados eléctricos. Los informes a los que pudo acceder BBCL Investiga, detallan que en el lugar de trabajo, donde tienen sus oficinas 193 funcionarios de la cartera, hay fosas de aguas servidas y piscinas decantadoras en el subterráneo.
El olor, según describen trabajadores del edificio, no sólo es putrefacto y genera un espacio insalubre. También es un espacio reducido sin ventilación por el que se paga un arriendo millonario y no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.
Y si bien la reunión se convocó para febrero, los problemas que plantearon frente al recién asumido seremi ―con la intención de subsanarlos de una vez por todas― se arrastraban desde hace meses, con la administración anterior. Tanto así, que incluso antes de firmar el contrato de arrendamiento, las falencias ya estaban a la vista. El acta del día de la reunión lo deja en manifiesto:
“Trascurrido 10 meses desde la fecha de celebración del contrato de arriendo del Edificio Cochrane, al día de hoy, 07 de febrero 2025, todavía existen deficiencias de habilitación, incumplimiento de la normativa vigente para edificación pública y en lo que respecta a la Seguridad y Salud en el Trabajo para los funcionarios, así también para la comunidad”.
Cableado eléctrico
Doce días después de esa reunión, vino otra. Mismos personajes. De hecho, el requisito obligatorio de esa cita era haber asistido a las anteriores.
Cuando el seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, tomó la palabra, reconoció que habían “varias cosas al debe”. Entre ellas, las redes húmedas. Llevaba un mes de haber asumido el cargo y el acta de esa reunión detalla que él mismo encargó a dos funcionarios que aceleren el tema. Para Mendoza, lo más preocupante eran las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas (PEAS) que están en el subterráneo, a metros del casino donde almuerzan los funcionarios.
Los dirigentes también pusieron sobre la mesa otras problemáticas igual de graves: la instalación eléctrica es deficiente y según ellos, está fuera de norma. Es más, aseguraron que los especialistas eléctricos que fueron a chequear el espacio no estuvieron dispuestos a crear un proyecto porque los cables estaban en paupérrimas condiciones.
Pero no son solo los cables. También hay alargadores sobre cielos falsos y cables sin canalización. De esto último hay un informe de alerta que emitió la Dirección de Arquitectura el 12 de diciembre de 2024. En este se plantean tres deficiencias catalogadas como “graves”: alargadores alimentando artefactos desconocidos, cables cortados y conductores sin protección. Todas son “graves” porque podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica en cualquier momento.
La Dirección de Arquitectura ―perteneciente al Ministerio de Obras Públicas― no se presentó por sí sola. Para entonces, las advertencias ya habían comenzado. Una revisión previa que hizo la empresa Atac Consulting Spa, demostró que las condiciones eléctricas en el cielo raso del primer piso del Edificio Cochrane, escapaban de toda normativa.
El problema fue que, como Atac Consulting Spa no era especialista en esta materia, derivó “con urgencia” la visita de un especialista eléctrico. Y así llegó Arquitectura y confirmó cada una de las deficiencias.
“Algunos de los riesgos que pueden presentar son incendios. Si se sobrecarga el cable o se conectan aparatos que consumen más W (watts) de lo que el cable puede soportar, puede sobrecalentarse y provocar un incendio”, estipula una de las tantas advertencias.
Adicionalmente, las conexiones están expuestas a la humedad y suciedad, sin protección de canalización ni aislado.
Y eso, sólo en el primer piso.
Contradicciones en las certificaciones
Pese a todas esas condiciones, el edificio logró una de las principales certificaciones eléctricas: la TE1. Este título es emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que avala que las instalaciones eléctricas internas son óptimas.
Un correo enviado el 19 de febrero de 2025 por el propio seremi Dennys Mendoza, bajo el asunto “respuesta a solicitud de temas urgentes”, da cuenta de aquello.
“Las instalaciones del edificio poseen un TE1 con certificación SEC en los cuatro pisos, según normativa vigente que integraría el ascensor existente”.
La contradicción surge en el propio informe que emitió la Dirección de Arquitectura. Tras revisar y constatar en vivo cada una de las faltas, concluyeron que “discrepa totalmente de la obtención del TE1”.
“Al detectar estas irregularidades, evidencia inmediatamente que lo ingresado a la SEC no corresponde a lo real ejecutado. Todo instalador eléctrico que ejecutó instalaciones que no cumplan con las normativas vigentes, se encuentra expuesto a sanciones por la SEC”, sentencian.
Y es más. Casi cuatro horas después de que el seremi enviara ese correo, afirmando que estaba todo en orden, tuvo una reunión con dirigentes gremiales. Estos le expusieron que dicha certificación sólo cubre los tableros, pero desde los tableros al último punto eléctrico, está todo fuera de norma.
“Nos llama la atención que estemos habitando el edificio y que no tengamos certificados de la ACHS con el (Decreto) 594 (…) Por ejemplo, lo que tenemos de TE1 es la solicitud de ingreso, pero no hemos recibido certificado con timbre del SEC que diga CERTIFICADO”, aseguraron en ese momento.
La recepción municipal que tuvo el edificio data del año 1966, cuando no se exigía TE1. Regularizar eso requiere poner en orden las otras instalaciones, como las redes húmedas. El problema es que ahí también hay fallas.
La última fiscalización que realizó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fue el 14 de abril de este año. Las observaciones que anotó en su bitácora exhiben lo siguiente:
“Instalaciones sobrepuestas con ductos de larga data. Se encuentran tableros por pisos, los que están bajo norma. Se detectan cajas de distribución abiertas, conductores fuera de ductos, entre otros”.
Baño tapado: no usar
Las actas de esa reunión revelan que el edificio gubernamental tampoco cumple con el Decreto 594, es decir, no existen las condiciones sanitarias ni ambientales para resguardar la salud y bienestar de los funcionarios.
No sólo hay escasez de baños, también las cañerías se tapan y quedan inoperativas. Y para una casa de 5.603 metros cuadrados que alberga a 193 funcionarios, la situación se vuelve critica con un baño menos.
A eso hay que sumar que la casa de tres pisos no tiene luz ni ventilación natural. Según los propios funcionarios, las ventanas que pueden abrirse están con fecas de palomas. Esto se mezcla con un problema más peligroso que lo planteó el propio seremi del organismo: las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas (PEAS).
En total, son cinco: una fosa freática, una planta elevadora de tratamiento de aguas servidas y tres piscinas decantadoras.
Por esto mismo, el 10 de enero de 2025 ingresó una solicitud de fiscalización al Sistema OIRS del Ministerio de Salud. Dicho documento denuncia que estas cinco fosas “no cuentan con un plan de mantenimiento al día, por temas críticos de gases tóxicos, olores, ruidos y aguas corrosivas. También los baños no soportan las cargas, quedando estos sin usar por varios días. También existen filtraciones de agua servidas desde los baños del segundo piso hacia las oficinas del primer piso. Todos estos sin certificados del Ministerio de Salud”.
Así las cosas, después de una visita al Edificio Cochrane, la Seremi de Salud de Valparaíso abrió un sumario sanitario.
La institución confirmó a BBCL Investiga que dicho sumario, que ya lleva más de tres meses, todavía no se subsana. A través de un escueto comunicado informaron que tras una visita a las dependencias se encontraron con una serie de “deficiencias sanitarias”.
“Debido a esto se levantó un acta con la situación detectada y se inició un sumario sanitario el cual se encuentra en desarrollo y en evaluación por parte del departamento jurídico de nuestra institución”, acotaron.
La última medición de gases fue el 14 de febrero de este año y sale que están “todos los parámetros normales”.
La mejor opción
Antes de llegar al Edificio Cochrane, los funcionarios de la Subsecretaría de Obras Públicas operaban en el “Edificio Esmeralda”. Dicho espacio también albergaba a la Gobernación y a la Delegación Presidencial de Valparaíso. Todo eso cambió cuando en diciembre de 2023, un incendio afectó uno de los ascensores.
Fuentes conocedoras de la materia describen que les encargaron a las comisiones buscar un lugar de arriendo. Y estaban en eso, consiguiendo un espacio adecuado cuando se enteraron que habían firmado un contrato de arriendo con Esval. Ni los dirigentes gremiales tenían noción de lo que pasaba. El Edificio Esmeralda, por su parte, se mandó a demoler.
Una minuta explicativa titulada “oposición al cambio de edificio” señala que “la elección del edificio en arriendo no fue propuesto y presentado abiertamente a la comunidad del MOP y menos a la comunidad de la Dirección de Vialidad”.
“Es un edificio ubicado en una zona inundable en torno al puerto de Valparaíso, con subterráneo y sala de bombas para evacuar aguas que acceden por napas subterráneas, lo que se traduce en la existencia de un subterráneo extremadamente húmedo, con malos olores y encerrado por mala ventilación”.
Pese a todo, el contrato de arriendo se firmó el 30 de julio de 2024 y da cuenta que Esval S.A. arrendó el Edificio Cochrane a la Subsecretaría de Obras Públicas, representada entonces por el exseremi Yanino Riquelme —hoy delegado presidencial regional de Valparaíso— por una renta de 1.450 UF (56 millones) mensuales. Más tarde, Esval vendió, cedió y transfirió el edificio a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding Ltda, quienes son los dueños actuales.
Desde la Delegación Presidencial Regional respondieron que en ese tiempo, cuando Yanino Riquelme era seremi de Obras Públicas, se evaluaron distintas alternativas para un nuevo espacio de trabajo. Fue una corredora de propiedades la que presentó el Edificio Cochrane. Según ellos, cumplía la infraestructura y requerimientos técnicos que necesitaban.
“Para la revisión y selección de la alternativa se configuró un equipo técnico jurídico, quienes la evaluaron de acuerdo a lo solicitado para informar al Nivel central y a la DIPRES. Las otras opciones implicaban disgregar a las direcciones, cambiar trayectos, disminuir superficies por funcionario/a y no contar con recintos comunes”, aclararon.
—¿Consideraron que era un monto excesivo, en comparación con el Edificio Esmeralda? ¿No era más factible arreglar los ascensores del Edificio Esmeralda que firmar un contrato de 1450 UF mensuales durante 5 años?
—No resulta posible comparar los dos escenarios, pues la reparación de los ascensores del edificio Esmeralda, implica la normalización del sistema eléctrico, para lo que se requiere un proyecto, el que además, requiere la tramitación de otros permisos (…) Es pertinente mencionar que el canon de arriendo, valor por m2, del edificio Cochrane está en el promedio del sector, siendo más económico que otras alternativas, como en Viña del Mar, por ejemplo.
—¿Sabían de las deficiencias al interior del Edificio Cochrane, como los sistemas eléctricos y fosas en el subterráneo? ¿Se intentó subsanar antes o después de firmar contrato de arriendo?
—Fueron parte de las evaluaciones realizadas con los propietarios, quienes asumieron la normalización de los tableros eléctricos. En el contrato de arriendo quedaron estipuladas las condiciones de entrega y uso del edificio, estableciéndose allí la entrega del TE1. No existen fosas en el subterráneo, el sistema de alcantarillado se conecta a la red pública. Y solo los servicios higiénicos y lavaplato del nivel -1, usan una bomba en la planta de elevación de aguas servidas. Dicho sistema, más el sistema de agotamiento de napas, cuentan con bombas programadas y con las mantenciones periódicas que se requieren. Así como ocurre con los otros sistemas del edificio.
Por su parte, la Dirección de Vialidad del MOP respondió que “la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso debió buscar un lugar transitorio y de forma urgente para desarrollar sus actividades”.
Así fue que llegaron al Edificio Cochrane 751.
“Toda la documentación de este contrato podemos señalar se ajustó a las autorizaciones legales y administrativas, con los controles y tramitaciones que la ley nos exige. Sumado a lo anterior, de forma continua se llevan a cabo acciones para garantizar óptimas condiciones para el desarrollo de labores de las y los funcionarios de este Ministerio, así como una coordinación con el arrendador y una Mesa Técnica con dirigencias gremiales para abordar los requerimientos que sean presentados”, indicaron ante las consultas de BBCL Investiga.
Gastos excesivos
En una de las reuniones gremiales que tuvieron junto al actual seremi, Dennys Mendoza, se planteó que los gastos por el arriendo eran excesivos. La Planilla de Estimación de Gastos Comunes 2025, da un total de casi $1000 millones por año (Ver imagen de abajo).
“Nos parece que el gasto de recursos en un edificio abandonado por ESVAL, por no cumplir con los estándares mínimos de confortabilidad laboral, no va en la línea de un adecuado uso de los recursos fiscales. Es más, tras visitar el edificio nos parece que no se ajusta a las actuales exigencias en términos de seguridad, salubridad y entorno laboral adecuado”, lanzaron los funcionarios.
Estas irregularidades no son las únicas. Un artículo previo expuso que al interior de la Dirección de Vialidad de Valparaíso hubo pagos de horas extras, viáticos sin justificar y marcajes dobles al mismo tiempo. Gastos fiscales que fueron investigados por Contraloría. Según pudo conocer BBCL Investiga, días después de la publicación del reportaje, la Brigada de Delitos Económicos llegó hasta el Edificio Cochrane investigar. (Ver artículo).