Valoración y dudas: las repercusiones tras remoción de fiscal Cooper del caso ProCultura

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El caso ProCultura continúa estando en el centro de la discusión política. Más aún, luego de la decisión de la Fiscalía Nacional de remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de dicha investigación.

Esta decisión fue tomada inmediatamente después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal el “pinchazo” al teléfono de Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín (cofundador de ProCultura).

Fiscal Cooper cuestionado por caso ProCultura

Todo comenzó el pasado viernes, cuando se conoció una escucha telefónica entre Josefina Huneeus y el Presidente de la República, Gabriel Boric. A partir de ese momento, comenzaron de inmediato las reacciones en el oficialismo, que, por un lado, mostraron su preocupación por las filtraciones, y por otro, por la medida intrusiva de “pinchar” el teléfono de una testigo, no imputada.

En concreto, la interceptación fue visada en octubre por la jueza Sissi Bertoglio-Talap, autorizando pinchar tres teléfonos de Larraín, pero uno de ellos, en realidad, era de Huneeus.

Así, desde Fiscalía señalaron que la solicitud para intervenir ese número de teléfono provino de un correo enviado el 30 de septiembre, en donde se informa de tres celulares de Larraín que aparecían en su informe de Dicom.

Ante esta acción, Huneeus concurrió a la Corte de Apelaciones con un recurso de amparo, el que fue acogido este viernes.

En dicha instancias, se abordó duramente el actuar del Ministerio Público, en específico, por la decisión de continuar con las escuchas, pese a tener conocimiento de que el móvil interceptado no correspondía a Larraín.

“Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”, señaló el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Además, se sostiene que “desde ya resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente, más anómalo resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal, con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian”.

A pocas horas de que se conociera el fallo, la Fiscalía Nacional emitió un importante comunicado, donde comunicaron que se “ha resuelto reasignar la investigación conocida como “Caso Procultura” a la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”.

“Paralelamente, se ha requerido al Fiscal Regional de Coquimbo que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta que, acogiendo un Amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada”, agregaron.

Asimismo, sostuvieron que “el compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de
la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”.

Las reacciones y disputas políticas

Lo anterior no cayó bien en la oposición, desde donde el diputado Andrés Longton (RN) acusó que la remoción del fiscal Cooper es una “mala señal”.

En la misma línea, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, apuntó a que las presiones en este caso llevaron a la salida del persecutor.

Por su parte, desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en conversación con Mesa Central de Canal 13, señaló que “el fiscal nacional tiene atribuciones que son las que está ejerciendo. Y si nosotros queremos apoyar la institucionalidad, tenemos que apoyar a las autoridades del Ministerio Público que están ejerciendo sus atribuciones para llevar adelante su labor constitucional y legal”.

Asimismo, agregó “no nos parece que se señale que hay algún tipo de politización. Todo lo contrario, el hecho de que el Ministerio Público esté tomando sus acciones conforme a sus atribuciones y se le acuse de politización, nos parece que le hace un daño a nuestra institucionalidad”.

En tanto, al ser consultado por el concepto de espionaje político, sostuvo que “tampoco creemos que ayude que cada vez que algún fiscal o el Ministerio Público lleve adelante una investigación que toque algún sector político, se considere que hay algún tipo de maquinaria para afectar a ese sector político”.

En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó a que los tribunales son autónomos.

Por otra parte, contrario a la oposición, en el Frente Amplio destacaron la remoción de Cooper. En ese sentido, la presidenta de la tienda, Constanza Martínez, y el diputado Jaime Sáez, de la misma colectividad, comentaron la “rigurosidad” en las investigaciones.

También, el fallo de la Corte de Apelaciones fue destacado por sectores del oficialismo. Por ejemplo, el jefe de la bancada del Partido Socialista, Juan Santana, y el diputado Luis Cuello (PC), apuntaron a acreditan “graves vulneraciones a garantías constitucionales”.

Otra ofensiva de oposición

Luego de todo esto, La oposición ha intensificado su ofensiva. Por un lado, la bancada de Renovación Nacional anunció el envío de dos oficios, uno al Servicio de Impuestos Internos (SII) y otro a Contraloría.

En el primer escrito, ponen el foco en la utilización de licitaciones públicas o asignaciones directas como mecanismo para generar ingresos sin fines tributarios claros, ni conexión con los fines propios de una entidad sin fines de lucro.

En el caso de Contraloría, acusan un modelo que opera como un vehículo de inversión encubierto.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, anunció que se harán parte del recurso de amparo para apelar a la determinación de la corte de Apelaciones de Antofagasta, ante el máximo tribunal.